jueves, 19 de julio de 2012

LEY E INTERPRETACIÓN

“La teoría social debe por lo tanto aceptar un concepto más amplio de la ley….La ley es [como muchos afirman]… un instrumento de dominación, un medio de hacer efectiva la voluntad del legislador. Pero esta teoría… positivista…sólo nos explica una parte. La ley es también una expresión de los estándares morales…[natural]….Finalmente, la ley es producto de la costumbre, producto de los valores y normas históricamente arraigados en la comunidad.”
Harold J. Berman en “Law and Revolution”, 1983
               Berman nos explica que tenemos al menos tres formas de interpretar la ley y que las tres son válidas. A través del tiempo, una u otra de estas formas de interpretación han prevalecido sobre las otras, pero nunca hemos tenido una sola forma de interpretar la ley. Dicho de otra manera, podemos tener varias interpretaciones diferentes y todas válidas de un mismo caso. Pensemos en los artículos 16, 17 y 225 de la Constitución Nacional del Paraguay y el actual debate, o la discusión, sobre la legalidad del juicio político de procedimiento rápido con el que se destituyó al presidente Fernando Lugo.
               La casi totalidad de las interpretaciones que he podido escuchar, y han sido muchas, son del tipo “positivista”, es decir, interpretaciones sobre las palabras textuales de la constitución y sus significados legales. Por eso escuchamos tantas veces, por un lado, que “el juicio es POLÍTICO” y que es “al sólo efecto de separarlos de sus cargos”, y por el otro que “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable” y que “En el proceso penal, O EN CUALQUIER OTRO DEL CUAL PUDIERA DERIVARSE PENA O SANCIÓN, toda persona tiene derecho a:…” una serie de garantía de procedimiento. Ambos lados tienen razón, y aún podríamos tener dos o tres interpretaciones legales correctas en base a la teoría moral y dos o tres interpretaciones correctas basadas en una teoría histórica.
               La Corte Suprema de Justicia del Paraguay probablemente siga en la línea “positivista” y focalice su interpretación en las palabras “Presidente de la República” (y no Fernando Lugo), “Político” (y no “Juicio”), y “separarlos de sus cargos” (y no “declararlos culpables”). Por su parte, si llega a tener intervención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos probablemente siga una línea más “natural” (por algo es de Derechos Humanos), y focalice su atención en las palabras “Fernando Lugo” (y no Presidente de la República”), “Juicio” (y no “Político”) y “declararlos culpables” (y no “separarlos del cargo”). Ambas interpretaciones serán válidas del punto de vista jurídico y cada bando político, y cada barra o grupo, insistirá en la interpretación que más conviene a su posición en la lucha por el poder. Si el Paraguay es o no sancionado internacionalmente se resolverá con votos, cualquiera sea la interpretación legal. Esto nos dejará, a nosotros los ciudadanos, con la duda y con una cuestión importantísima sin resolver. No estoy diciendo que no se resuelva desde el punto de vista práctico quién es legalmente el Presidente de la República; eso ya está resuelto de facto y será completamente resuelto si tenemos elecciones libres y transparentes en abril de 2013. Me refiero a que la cuestión del juicio político a Fernando Lugo quedará sin resolver como cuestión que divide a la ciudadanía y que pone en peligro la gobernabilidad, la solidez de nuestras instituciones y el imperio de la ley.
               Como defensor de la democracia y promotor de una ciudadanía activa, yo creo que podremos resolver esta cuestión si nos ponemos de acuerdo sobre quién debe interpretar, en verdadera última instancia, lo dispuesto por la constitución y qué es lo más conveniente para el país. Teniendo un solo intérprete, cuya última palabra se respete, absorberemos la crisis y nos fortaleceremos como sociedad democrática. Conocida la última palabra del verdadero soberano, sabremos cual es la verdad histórica. En mi opinión, y a los efectos de avanzar en la consolidación de la democracia, el intérprete final, la última palabra, deberá ser la ciudadanía y no algún experto, ni alguna corte de fallo inapelable (que de hecho no existe). Esos expertos y esas cortes cumplirán la no poco importante función de órganos de juzgamiento formal, pero no lograrán dirimir la cuestión, componer la controversia y diluir la polarización y la estigmatización que ha causado el Juicio Político. Una cicatrización que nos fortalezca como democracia, sólo la lograremos deliberando, todos, y durante todo el tiempo que tome, hasta llegar a una interpretación pública predominante sobre la cuestión; una verdad histórica, una versión que explique satisfactoriamente a casi todos lo que nos ocurrió.
               Planteo que nuestra deliberación debe estar orientada a contestar la siguiente pregunta; Conociendo la historia de la República del Paraguay, sobre todo su historia política, toda su historia política, y considerando en particular qué fue lo que quisieron establecer como contrato social los miembros de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Analizando lo más objetivamente posible, y desde todos los puntos de vista, cuál fue el desempeño de Fernando Lugo como Presidente, de él como presidente, no tanto de su gobierno en general, ¿hubiese sido mejor para el Paraguay que Fernando Lugo siguiese ocupando la Presidencia de la República hasta el 15 de agosto de 2013, o será mejor para el Paraguay que Fernando Lugo haya sido destituido?. Yo no tengo una respuesta que me satisfaga.
              

3 comentarios:

  1. Estimado Álvaro:
    Antes que nada quiero felicitarte por tus artículos que nos invitan siempre a la reflexión y al diálogo. Justamente me dio que pensar y porque te conozco, me animo, con todo respeto, a discrepar contigo y hacer una consideración.

    Es cierto que la Ley puede ser interpretada de diversas maneras. Pero no me parece prudente que “…el intérprete final, la última palabra, deberá ser la ciudadanía y no algún experto…” , por lo que te menciono a continuación.

    A raíz de los últimos acontecimientos escuché a un periodista radial decir “no me importa lo que digan los diccionarios, ni ningún experto, aquí no hubo golpe de Estado”. Esta afirmación además de parecerme peligrosa por arbitraria y carente de sustento ( el argumento es “porque lo digo yo”), me molestó mucho ya que si bien todos somos subjetivos a la hora de juzgar hechos, debe primar cierta objetividad, sobretodo en personas que tienen la responsabilidad de ser comunicadores. Debemos intentar ( si no podemos) ser imparciales y rendirnos humildemente a un marco superior de conocimiento que nos acerque lo más posible a la autenticidad de las cosas. Un tema es “lo que queremos que sea” la realidad, y otra “lo que realmente es” o “debería ser”. Por lo leído y escuchado, las opiniones de la ciudadanía se pierden en sensibilidades subjetivas que en vez de aportar, confunden. Se necesita que la palabra final provenga de alguna autoridad. No nos compete interpretar. Siguiendo con el ejemplo del juicio político, nos pese o no, nos guste o no, lo ocurrido no fue un golpe de Estado. Ya se han hecho definiciones profundamente analizadas al respecto, y el juicio a Lugo no reúne los requisitos de dichas conceptualizaciones. Por tanto, me parece arriesgado, dejar en manos de la ciudadanía “la interpretación final” de hechos que tienen connotaciones jurídicas serias, como por ejemplo, en este caso, un cambio de gobierno. Podemos y debemos debatir pero tenemos que instar a confiar y respetar la interpretación final que den las autoridades, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia. Y es en este punto en el que quiero aportar mi reflexión.

    Es incómodo dejar decisiones importantes en manos de la Corte Suprema de Justicia. La justicia paraguaya deja mucho que desear, y la cabeza del Poder Judicial ni qué decir.
    La ciudadanía debe comprometerse en presionar para que tengamos ciudadanos idóneos en la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, en el Congreso con listas abiertas, en el Ejecutivo con nuestros votos, y en cuanto puesto público, para que seamos capaces de confiar. Siguiendo con los ejemplos, la ciudadanía debe ser más conciente de la forma en que se elijen a los Ministros de la Corte. Nos debe importar cómo se elige, a quienes se elige, cuáles son sus responsabilidades, etc. Hablando del juicio político, sería óptimo poder confiar en quienes tienen la responsabilidad final de interpretar la Constitución.

    La ciudadanía tiene una fuerza que ya fue demostrada en varias oportunidades, como la observada recientemente con las protestas sobre el destino de los fondos para la Justicia Electoral. Es esta fuerza la que debe seguir creciendo para presionar sobre nombramientos y puestos. Concluyendo, creo importarte seguir interviniendo como ciudadanos en la conformación de los poderes del Estado, en este caso de hoy, estar atentos a la conformación de la Corte para que si el dia de mañana toman una decisión contraria a lo que nos gusta o nos conviene, nos quedemos conformes porque tenemos la confianza de que han decidido con responsabilidad en beneficio del país. Influyamos pero no interpretemos.
    Gracias Álvaro por el espacio. Fátima Andrada

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  2. Hola Fátima: Gracias por comentar. Seguramente me expresé mal, pero la idea no es someter las decisiones legales a la multitud ni debatir cada caso en un foro público. Pero sí creo que finalmente,lo que quedará en la historia como verdad y lo que deberíamos tratar de incluir en nuestra normativa legal es la opinión predominante de la ciudadanía. Creo que la forma de hacerlo sería deliberar sobre lo sucedido, mucho y ampliamente, y luego ver si una nueva convención constituyente debería corregir, o no, la constitución. En este sentido, el del contrato social, la interpretación final la tienen los ciudadanos y no los expertos, y siempre la tendrán, por más que cada caso en particular se decida siguiendo procedimientos y discusiones de fondo que solo algunos están en capacidad de entender. Saludos

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  3. Estimado Alvaro, muchas felicidades por este esfuerzo de pensar y escribir! Pido disculpas por la demora (mucho) en felicitarte por este articulo pues considero que bien elaborado y con problemas muy bien planteados.
    Una cuestión de fondo que sugiero analizar es la idea que subyace en el contrato social de Rousseau, puesto que al ser imposible hacer coincidir todas los intereses y aspiraciones individuales se hace necesaria la hegemonia del pueblo... de alli, se desprende una gran incognita: que es el pueblo? Multiples interprestaciones se pueden dar: Una simple mayoria, el promedio de las voluntades, el bien comun. Todas esas respuestas abren nuevas interrogantes y hasta permitirían explicar y justificar el gobierno de seres iluminados, extraordinarios, de naturaleza sin par (como Gaspar Jose, Francisco Solano y otros paraguayos.
    Creo que, en este complejo arte de pretender vivir bajo un sistema de leyes, con derechos y obligaciones que aseguren la libertad y garantizen la igualdad debera tener una manifestación concreta y bien definida de sus límites.Eso es el estado social de derecho.
    Como sabrás, estoy impedido de hacer comentarios e intervenir en política domestica, pero considero este espacio como privado de comunicación que puede ser testimonio de tu poder para generar reflexiones poco mas que mundanas, claro una vez que termine mis funciones. Un gran abrazo

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