jueves, 19 de julio de 2012

LEY E INTERPRETACIÓN

“La teoría social debe por lo tanto aceptar un concepto más amplio de la ley….La ley es [como muchos afirman]… un instrumento de dominación, un medio de hacer efectiva la voluntad del legislador. Pero esta teoría… positivista…sólo nos explica una parte. La ley es también una expresión de los estándares morales…[natural]….Finalmente, la ley es producto de la costumbre, producto de los valores y normas históricamente arraigados en la comunidad.”
Harold J. Berman en “Law and Revolution”, 1983
               Berman nos explica que tenemos al menos tres formas de interpretar la ley y que las tres son válidas. A través del tiempo, una u otra de estas formas de interpretación han prevalecido sobre las otras, pero nunca hemos tenido una sola forma de interpretar la ley. Dicho de otra manera, podemos tener varias interpretaciones diferentes y todas válidas de un mismo caso. Pensemos en los artículos 16, 17 y 225 de la Constitución Nacional del Paraguay y el actual debate, o la discusión, sobre la legalidad del juicio político de procedimiento rápido con el que se destituyó al presidente Fernando Lugo.
               La casi totalidad de las interpretaciones que he podido escuchar, y han sido muchas, son del tipo “positivista”, es decir, interpretaciones sobre las palabras textuales de la constitución y sus significados legales. Por eso escuchamos tantas veces, por un lado, que “el juicio es POLÍTICO” y que es “al sólo efecto de separarlos de sus cargos”, y por el otro que “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable” y que “En el proceso penal, O EN CUALQUIER OTRO DEL CUAL PUDIERA DERIVARSE PENA O SANCIÓN, toda persona tiene derecho a:…” una serie de garantía de procedimiento. Ambos lados tienen razón, y aún podríamos tener dos o tres interpretaciones legales correctas en base a la teoría moral y dos o tres interpretaciones correctas basadas en una teoría histórica.
               La Corte Suprema de Justicia del Paraguay probablemente siga en la línea “positivista” y focalice su interpretación en las palabras “Presidente de la República” (y no Fernando Lugo), “Político” (y no “Juicio”), y “separarlos de sus cargos” (y no “declararlos culpables”). Por su parte, si llega a tener intervención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos probablemente siga una línea más “natural” (por algo es de Derechos Humanos), y focalice su atención en las palabras “Fernando Lugo” (y no Presidente de la República”), “Juicio” (y no “Político”) y “declararlos culpables” (y no “separarlos del cargo”). Ambas interpretaciones serán válidas del punto de vista jurídico y cada bando político, y cada barra o grupo, insistirá en la interpretación que más conviene a su posición en la lucha por el poder. Si el Paraguay es o no sancionado internacionalmente se resolverá con votos, cualquiera sea la interpretación legal. Esto nos dejará, a nosotros los ciudadanos, con la duda y con una cuestión importantísima sin resolver. No estoy diciendo que no se resuelva desde el punto de vista práctico quién es legalmente el Presidente de la República; eso ya está resuelto de facto y será completamente resuelto si tenemos elecciones libres y transparentes en abril de 2013. Me refiero a que la cuestión del juicio político a Fernando Lugo quedará sin resolver como cuestión que divide a la ciudadanía y que pone en peligro la gobernabilidad, la solidez de nuestras instituciones y el imperio de la ley.
               Como defensor de la democracia y promotor de una ciudadanía activa, yo creo que podremos resolver esta cuestión si nos ponemos de acuerdo sobre quién debe interpretar, en verdadera última instancia, lo dispuesto por la constitución y qué es lo más conveniente para el país. Teniendo un solo intérprete, cuya última palabra se respete, absorberemos la crisis y nos fortaleceremos como sociedad democrática. Conocida la última palabra del verdadero soberano, sabremos cual es la verdad histórica. En mi opinión, y a los efectos de avanzar en la consolidación de la democracia, el intérprete final, la última palabra, deberá ser la ciudadanía y no algún experto, ni alguna corte de fallo inapelable (que de hecho no existe). Esos expertos y esas cortes cumplirán la no poco importante función de órganos de juzgamiento formal, pero no lograrán dirimir la cuestión, componer la controversia y diluir la polarización y la estigmatización que ha causado el Juicio Político. Una cicatrización que nos fortalezca como democracia, sólo la lograremos deliberando, todos, y durante todo el tiempo que tome, hasta llegar a una interpretación pública predominante sobre la cuestión; una verdad histórica, una versión que explique satisfactoriamente a casi todos lo que nos ocurrió.
               Planteo que nuestra deliberación debe estar orientada a contestar la siguiente pregunta; Conociendo la historia de la República del Paraguay, sobre todo su historia política, toda su historia política, y considerando en particular qué fue lo que quisieron establecer como contrato social los miembros de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Analizando lo más objetivamente posible, y desde todos los puntos de vista, cuál fue el desempeño de Fernando Lugo como Presidente, de él como presidente, no tanto de su gobierno en general, ¿hubiese sido mejor para el Paraguay que Fernando Lugo siguiese ocupando la Presidencia de la República hasta el 15 de agosto de 2013, o será mejor para el Paraguay que Fernando Lugo haya sido destituido?. Yo no tengo una respuesta que me satisfaga.
              

jueves, 5 de julio de 2012

Desigualdad y Desarrollo

 “En América Latina, las profundas desigualdades en ingresos y riqueza…. [Han hecho que] las élites económicas se hayan sentido frecuentemente amenazadas por las promesas de reformas políticas progresistas; los líderes políticos han estado presionados fuertemente por electores de grupos populares para que implementen medidas redistributivas en el corto plazo; y los líderes políticos han tenido que operar en un entorno caracterizado por la permanente politización de la economía”

 Riordan Roett y Francisco E. González , en el capítulo 6 de “Falling Behind”, editado por Francis Fukuyama http://www.amazon.com/Falling-Behind-Explaining-Development-Between/dp/B005K6JY38/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1341242600&sr=1-1&keywords=falling+behind+explaining+the+development+gap+between+latin+america+and+the+united+states

El argumento aquí es que cuando lo que está en juego es de un valor muy grande, es mucho más difícil llegar a un acuerdo aceptable para todos; la consecuencia puede muy bien ser violenta. Una negociación entre dos grupos de los cuales uno tenga muchísimos recursos económicos y el otro muy pocos es, por definición, una negociación asimétrica en la que las partes no se reconocen ni se creen iguales y en la que ambas partes tienen tanto en juego que están dispuestas a recurrir a medios no democráticos para lograr ganar. En estas condiciones de desigualdad, es difícil pensar en una solución de tipo ganar-ganar y es difícil lograr un progreso permanente en la calidad de la democracia.
 Deberíamos esforzarnos en forma prioritaria a reducir las desigualdades si verdaderamente queremos vivir en democracia. ¿Por qué no lo hacemos?. Creo que tiene mucho que ver, aunque no exclusivamente, con el papel que juegan los partidos políticos

En América Latina, y en el Paraguay, los partidos políticos han sido atrapados en el rol de mediador entre las mayorías pobres y las minorías que detentan una parte desproporcionada de las riquezas, de la influencia política, del acceso a servicios de salud, educación, información, etc. Podemos decir que los partidos políticos del Paraguay se han organizado para “manejar” la relación entre los poderosos y los marginados y vivir de esta función. Lo que describo es similar a lo que pasa con los peronistas en la Argentina; son el conducto o el mecanismo del permanente conflicto entre los “descamisados” y la “oligarquía”.

Aquí en el Paraguay, los partidos políticos pretenden ser los intermediarios entre los pobres, preferentemente los campesinos, y los ricos. Los partidos viven, literalmente, de la desigualdad; su papel en nuestra sociedad es el de atizar y luego enfriar el calor del conflicto entre sectores de la sociedad que se disputan el control de los recursos. Los partidos buscan estar bien con las dos puntas del espectro de conflicto y a todos prometen darles lo que quieren, como un padre que tranquiliza las disputas en su familia repartiendo premios y regalos, sin tener en cuenta los méritos de cada uno, sino el efecto tranquilizador. El verdadero objetivo de los partidos actualmente no parece ser fortalecer el estado de derecho, o disminuir las desigualdades y los conflictos que éstas causan, sino acumular poder controlando el manejo del conflicto y aliándose coyunturalmente a uno u otro sector.

Les prometen tierras a los pobres y les prometen un clima de inversión predecible a los empresarios, les prometen viviendas a los pobres, pero no implementan el cobro del impuesto a la renta personal, prometen un manejo eficiente del dinero público, pero contratan a todos sus parientes y operadores políticos, prometen combatir la corrupción, pero también negocian con los grandes proveedores del gobierno, prometen educación para todos, pero después politizan la contratación de maestras, etc. etc. El comportamiento es siempre contradictorio, no porque no sepan lo que hacen o porque no tienen un plan, sino porque quieren que todos dependamos de su administración del conflicto social y que temamos que si no lo manejan habrá caos.

Los “operadores políticos”, por más experiencia y “cintura” tengan y por más sumiso o poco reactivo sea el pueblo, o “nuestra gente” como decimos paternalmente, la probabilidad de que a estos operadores se les escape la situación de las manos, como en Campos Morombí, es bastante grande, y el peligro de encontrarnos un día lidiando con un conflicto fuera de control no puede ser descartado a la ligera.

Lo que está en juego para las partes en un país de tanta desigualdad, es de muchísimo valor para todos los implicados. No es algo marginal lo que está en juego. No son diferencias mínimas negociables. Son diferencias abismales sobre las que es difícil llegar a acuerdos por la misma razón de su magnitud.

La manera de disminuir y eventualmente limitar el grado de conflicto a un nivel que sea administrable por una democracia plena, es reduciendo las desigualdades al punto en el que las diferencias no sean “de vida o muerte” y además, que esta necesaria reducción de desigualdades se haga sin violencia y en el marco del estado de derecho. Por decirlo sin exagerar, ¡no es un desafío menor!. Para ello, los partidos tienen que cambiar su función y pasar a ser líderes de la deliberación formadora de opinión que les lleve a la función de gobierno con la capacidad de representarnos en la implementación de políticas públicas que prioricen la reducción de las desigualdades en forma sostenible, pacífica y no populista. Para estas organizaciones que han vivido tanto tiempo del manejo de enfrentamientos, vivir del logro de acuerdos es un cambio radical, es otro papel que requiere de otros talentos. En 2013, busquemos personas capaces de conducir el gran acuerdo que nos lleve a una sociedad menos desigual y más democrática. Para eso necesitamos listas abiertas y deliberación activa de la ciudadanía.